En el país “más seguro de Centroamérica”, las mujeres no están seguras

Mientras se insiste en la seguridad ciudadana en Nicaragua para el comercio y la inversión, el año pasado hubo 58 feminicidios; “homicidios por motivos de género eran cada vez más brutales”, para Amnistía Internacional.

Arlen Centeno G. / marzo de 2018

En el llamado “país más seguro de Centroamérica” las autoridades estatales son las principales agresoras de las defensoras de derechos humanos de las mujeres, según el informe ‘Situación de las defensoras de DDHH en Nicaragua 2015 – 2017’, presentado en noviembre 2017, por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de DDHH de las Mujeres.

La organización Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó en el año 2017 a 58 víctimas de femicidio, mientras que 17 agresores siguen prófugos. En enero y febrero de 2018, se cuentan nueve femicidios.

“Los homicidios por motivos de género eran cada vez más brutales. Persistían los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaba vigente la prohibición total del aborto. Se mantenía la impunidad de quienes perpetraban actos de violencia contra los pueblos indígenas. Las autoridades seguían negando un proceso de consulta auténtico y efectivo a las comunidades que probablemente iban a verse afectadas por la construcción del Gran Canal Interoceánico”, recoge Amnistía Internacional en su informe 2017-2018.

No obstante, representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) repiten sin cesar el valor que tiene la seguridad ciudadana en Nicaragua para el comercio y la inversión, en relación a los altos niveles de violencia, amenaza y extorción que se vive en los demás países centroamericanos.

En una publicación de junio 2017, la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, señaló que entre enero y mayo de 2017 en Nicaragua hubo 198 muertes homicidas, mucho menor de 1.840 de Guatemala, de las 1.720 de Honduras, las 1.405 de El Salvador, las 648 de República Dominicana y 224 de Costa Rica. “Tenemos gracias a Dios el número más bajo de crímenes, de muertes homicidas y esto confirma que Nicaragua es el país más seguro de la región. La fuente de estos datos es la Comisión de Jefes de Policías de Centroamérica”, dijo concretamente Murillo.

Para las feministas y defensoras de derechos humanos, la seguridad es un asunto más complejo que el contraste de datos y por tanto requiere un análisis integral.

Haydee Castillo, feminista, defensora de Defensoras de Derechos Humanos e integrante de la IN-Defensoras, dice al referirse a este asunto que “para hablar de Nicaragua en el contexto centroamericano y en relación a los niveles de violencia, creo que hay dos puntos de partida que es importante establecer. En primer lugar que cada vida es una vida, todas las vidas tienen derecho a ser vividas. Y creemos que para un estado nacional no debe prevalecer la cantidad, el número sino el significado de la perdida de una vida humana, de una mujer. Con las consecuencias que eso tiene para la familia, para la comunidad, para la sociedad; sobre todo porque son comportamientos patriarcales que no son nada sanos para la convivencia y para el respeto que debe caracterizar las relaciones humanas y sobre todo las relaciones entre hombres y mujeres”.

El segundo aspecto al que Haydee Castillo se refiere tiene que ver con la situación de lo que se ha llamado el Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- y sobre el que dice: “Sabemos que viven una violencia institucional de mucha gravedad, que al estado de la región han llegado a llamarlos “Estados fallidos” que son Narco Estados. Pero hay otras maneras, del porqué un Estado puede ser fallido, que es el caso de Nicaragua. Un Estado donde no hay separación de poderes, donde no hay libertades, donde se violan los derechos humanos, donde el Poder Judicial no es independiente; entonces también Nicaragua es un estado fallido”.

En febrero de 2018, más de 90 defensoras, en representación de muchas más, se dieron cita en el II Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres bajo el lema ‘Sí tocas a una, reaccionamos todas’. Al analizar el contexto en el que realizan su trabajo, determinaron que la premisa instaurada por el Gobierno de que “Nicaragua es el país más seguro de la región”, tiene un costo muy alto para las mujeres y su movimiento. Entre los principales problemas mencionados por las defensoras están las omisiones en los indicadores usados para la medición de efectividad de la Policía Nacional: por ejemplo, la tipificación de delitos como el femicidio, plasmados como asesinatos; la no recepción de denuncias y el no seguimiento a las mismas; la falta de beligerancia de las instituciones encargadas de seguridad y administración de justicia. Comparaciones que pretenden minimizar la violencia en el país.

Las defensoras concluyeron que la intención de enarbolar “la seguridad” es desmovilizar la denuncia y la prevención, así como de vender la imagen de un país que funciona bien y ocultar el retroceso de los derechos humanos, los pactos y alianzas entre Estado y sector privado. Se busca silenciar las voces defensoras y de los movimientos sociales en beneficio del gran capital.

Para Ruth Marina Matamoros, psicóloga y activista feminista, integrante de Grupo Venancia de Matagalpa, los datos oficiales no deberían ser el único recurso de referencia para establecer si Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Si uno de los indicadores es que ha disminuido la denuncia de delitos ante las instituciones encargadas, hay que pensar si la gente no denuncia porque no tiene confianza o credibilidad en el sistema de la policía.

En años recientes la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua se han visto envueltos en graves incidentes de violencia, donde han perdido la vida niños y niñas. También ha habido una importante represión de manifestaciones de la sociedad civil y de defensoras. Todo esto incide en la imagen y prestigio de ambas instituciones ante la opinión pública nacional.

Haydee Castillo añade un tercer aspecto para valorar sobre la seguridad, que tiene mucho que ver con la historia del país: “Nicaragua hizo una revolución, botó una dictadura que no es el caso de El Salvador, no es el caso de Honduras, no es el caso de Guatemala porque, queramos o no, ahí prevalecen las estructuras históricas que vienen desde los regímenes militares”.

Haydee continua y recalca: “En el caso de Nicaragua, corrió mucha sangre, ha habido una lucha intestina, ha habido grandes sacrificios que este pueblo viene poniendo desde los años de la dictadura de Somoza, luego en los 80 en la defensa de la revolución y es la primera vez que Nicaragua tiene la paz relativa. Por eso no se vale comparar la situación de Nicaragua con la situación del Triángulo Norte porque nosotros cambiamos las fuerzas de seguridad. Creíamos haber cambiado la cultura política, creíamos haber hecho una revolución para sentar bases diferentes”. Conocer estos asuntos históricos es necesario para dimensionar y comprender las afirmaciones con que Haydee plantea su postura respecto al tema de seguridad “Hoy, lastimosamente estamos asistiendo poco a poco a un deterioro de la seguridad. Se habla de ser el país más seguro de Centroamérica, pero es que aquí prevalece algo sobre lo que Naciones Unidas ya ha llamado la atención en relación a las estrategias de seguridad. En otros países, se ha pasado de seguridad del Estado a seguridad de las personas, en el caso de Nicaragua hubo un retorno a que prevalezca la seguridad del Estado, la seguridad de quienes ostentan el poder, y no la seguridad de las personas, que es el caso de las mujeres”.

Las feministas y defensoras no se quedan con la denuncia y la crítica. Ruth Marina Matamoros habla de las medidas que a su consideración debería asumir el Estado para cambiar la situación de violencia en el país. Para ella, hace falta invertir en la prevención y no sólo en la sanción, porque considera que la sanción es parte del derecho de ciudadanas y ciudadanos. Igualmente, señala el derecho al resarcimiento y la urgencia del trabajo de prevención en el que es necesario involucrar a las escuelas, a los medios de comunicación estatales, e independientes, a la empresa privada y a la población en general para denunciar cualquier acto de violencia, sea testigo o víctima.

En su análisis, Matamoros incluye la importancia del esfuerzo conjunto para que haya mayor justicia social, no encubrir a los agresores, ayudar a las víctimas y mantener la demanda permanente de vivir libres de violencia. Y reconoce que se debe “considerar que cada vez que nosotras [las mujeres] nos manifestamos en la calle, últimamente para defender nuestros derechos, resulta que somos reprimidas, por hacer uso de un derecho humano que tenemos a la libre expresión y a la libre movilización. Como movimiento y como mujeres, eso también tiene que ver con la falta de seguridad que sentimos. Las autoridades de vez de proteger nuestras marchas, en vez de apoyar nuestras luchas, o por lo menos permitir que esos derechos que tenemos sean respetados, se reprimen nuestras expresiones, nuestras voces. No podemos decir que vivimos en un país seguro cuando marchamos con temor a ser reprimidas”.

No debe quedar de fuera del análisis la urgencia de visibilizar con datos, reales y actualizados, las expresiones de violencia que conforman la situación cotidiana que enfrentan las mujeres, las que denuncian y las siguen luchando por cambiar. Matamoros informa que para este 8 de marzo (2018), las mujeres organizadas se unirán al paro, para reflejar toda la violencia que las mujeres viven.

Mientras las mujeres se preparan para conmemorar este 8 de marzo, es posible que en Nicaragua, el Gobierno también se disponga para volver a colocar mujeres de las Tropas Antidisturbios para impedirlo. En la práctica, las mujeres no están seguras en “el país más seguro de Centroamérica”.