Repensando la protección, el poder y los movimientos

No necesitamos más compañeras asesinadas, más personas presas por motivos políticos, más movimientos divididos y vulnerados por la violencia. Debemos dejar de exaltar el riesgo como valor y poner el énfasis en el cuidado y la protección como elementos básicos de la acción política.

Marusia López, integrante de JASS 

En la madrugada del 3 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron a la casa de la feminista y ambientalista lenca Berta Cáceres y la asesinaron. Berta llevabas años enfrentando amenazas, contra ella y contra su familia, vigilancia, criminalización, todo ello en un contexto marcado por la violencia contra las mujeres. Fue asesinada a pesar de ser beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de haber recibido el prestigioso Premio Global de Medio Ambiente Goldman en 2015 y pese a los numerosos programas, campañas y redes y organizaciones que apoyaron su protección y la de su familia. Ni el reconocimiento público ni las medidas de seguridad fueron suficientes para impedir su muerte.

El asesinato de la compañera Berta no fue un caso aislado. Tan solo en 2016, Front Line denunció que 281 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 25 países, la mayoría de ellas por defender el territorio, los derechos de los pueblos originarios y el medio ambiente.

En todo el mundo observamos una oleada creciente de violencia y represión política contra organizaciones y movimientos sociales, comunidades en resistencia, activistas y defensoras de derechos humanos. Estamos ante un cambio en la dinámica del poder que se expresa en el aumento del control y la influencia de actores privados en los Gobiernos y las instituciones públicas. Monopolios empresariales, jerarquías religiosas, el crimen organizado y otros grupos que venían defendiendo sus intereses tras las bambalinas del poder formal han secuestrado las instituciones y recursos públicos, ejerciendo un poder cada vez más visible.

Los Estados debilitados o cómplices no sólo no defienden a la ciudadanía, sino que a menudo utilizan la ley y las fuerzas de seguridad para beneficiarse y proteger estos intereses privados, manteniendo la impunidad e intentando suprimir toda disidencia. Además utilizan el racismo, la misoginia y otras formas de discriminación como forma de control social, miedo y debilitamiento del tejido social y organizativo. Por ello, las mujeres activistas y sus organizaciones están más en riesgo que nunca y las estrategias, mecanismos y medidas de protección existentes resultan insuficientes para enfrentar esta realidad de violencia.

En este contexto resulta cada vez más urgente revisar críticamente y redefinir nuestros enfoques para la protección de los movimientos sociales y las personas que defienden los derechos humanos. Si bien las respuestas urgentes, la defensa jurídica o las medidas de seguridad personal siguen siendo vitales, los tiempos exigen un espectro más amplio de estrategias que mejoren la resistencia, la protección y el tejido social de las comunidades y los movimientos. Para hacerlo tenemos mucho que aprender de las mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, de los pueblos originarios y las comunidades en resistencia; de sus enfoques innovadores de protección colectiva y su capacidad para construir poder colectivo en medio de la discriminación y la violencia extrema.

De acuerdo con nuestra experiencia en la protección a defensoras de derechos humanos en Mesoamérica y el trabajo con nuestras aliadas en la región, desde JASS –Asociadas por lo Justo- decidimos compartir una serie de análisis críticos sobre las estrategias de protección en el contexto actual a través de la publicación ‘Repensando la protección, el poder y los movimientos’, que forma parte de la serie Haciendo que el Cambio sea una Realidad a través de la cual compartimos ideas y estrategias sobre la justicia social y el trabajo por los derechos de las mujeres.

Este informe contribuye a la necesaria conversación sobre los cambios en las dinámicas el poder y los desafíos de las estrategias protección. Y trata también de resaltar las realidades de las mujeres activistas y contribuir a la comprensión colectiva de las estrategias de protección feminista basadas en el territorio y las comunidades. Cuatro de las ideas fundamentales guiaron nuestro análisis son:

  • El poder importa.
    La violencia, ataques, y restricciones contra quienes defienden derechos humanos requieren una comprensión más profunda de las dinámicas del poder y de la desigualdad en todos los ámbitos de la vida social (incluyendo los espacios considerados privados). Ello incluye el análisis sobre los actores clave, los intereses y las dinámicas que contribuyen a la violencia contra activistas y el deterioro de las democracias, el aumento del poder oculto (actores no estatales que influyen en la esfera formal de la toma de decisión) y su complicidad con el Estado, la mezcla de impunidad, militarización y discriminación que amenaza a las y los defensores y su espacio de activismo, etc. Las estrategias de protección basadas en una comprensión del contexto que aborda las dimensiones visibles e invisibles del poder tienen más posibilidades de ser relevantes y efectivas.
  • Las mujeres y el género importan.
    Una perspectiva de género e interseccionalidad no solamente es esencial para entender los riesgos específicos y adicionales de las mujeres defensoras y otros grupos históricamente discriminados, sino que también permite reconocer la forma en la que la discriminación configura la violencia política. Además permite que las organizaciones reconozcan cómo el estigma, la difamación y la misoginia impactan y vulneran a las organizaciones, dividen y crean conflictos en las comunidades. Las estrategias que fortalecen el liderazgo, la voz y el poder colectivo de las mujeres dentro de las organizaciones y movimientos son un elemento clave de la protección colectiva a largo plazo. El enfoque feminista de la protección permite abordar las violencias que las defensoras viven dentro de sus familias y dentro de sus organizaciones, poner en el centro de las estrategias de los movimientos el cuidado y la seguridad de sus integrantes, integrar la sanación y la resiliencia personal y colectiva como elementos necesarios para enfrentar y superar la violencia política.
  • Las narrativas importan.
    Los actores estatales y no estatales que están provocando la violencia contra activistas y movimientos, influyen y definen las narrativas para manipular las creencias y la opinión pública con el objetivo de legitimar sus acciones o desestabilizar y dividir a sus oponentes. Al hacer esto, aprovechan y refuerzan el racismo, el sexismo y otros prejuicios y formas de discriminación para generar miedo, legitimar la represión, definir qué personas o grupos son portadores de derechos y cuáles son las voces que cuentan. Las organizaciones y comunidades necesitan diseñar y expandir sus propias narrativas para cambiar mentalidades y (re)enfocar el debate y los mensajes.
  • La organización local, las comunidades y los movimientos importan.
    Debemos ir más allá del enfoque individual de la protección (medidas, acciones y campañas centradas en una persona o una organización) para fortalecer una visión colectiva de las estrategias de protección. Toda estrategia para enfrentar y prevenir la violencia política debe estar basada en las necesidades y prioridades de las comunidades, las activistas y los movimientos de base que están confrontando directamente las amenazas, ataques y asesinatos por su trabajo a favor de los derechos humanos. Para ello se debe apoyar y fortalecer mucho más las estrategias, procesos y sabiduría de las comunidades y los pueblos para su propia protección. La protección de quienes defienden los derechos humanos y sus territorios depende de un compromiso sostenido con la organización comunitaria y una mayor alineación entre organizaciones locales y actores regionales e internacionales.

El incremento acelerado de las amenazas y asesinatos en contra de activistas por los derechos humanos y movimientos sociales está íntimamente vinculado a un modelo político y económico que prioriza intereses privados a costa de los derechos de las personas y los pueblos y que está poniendo en riesgo la sostenibilidad de toda la vida en el planeta.

La mejor manera de honrar el legado de Berta y de todas las mujeres y hombres que han sido asesinados por construir un mundo mejor es hacer que nuestros movimientos sean más fuertes y tengan la capacidad de confrontar la violencia y construir un poder transformador. Por eso debemos repensar la protección, ir más allá de las respuestas reactivas e individuales y avanzar hacia la protección colectiva, basada en las comunidades y el fortalecimiento de los movimientos; que aborde las causas estructurales de la violencia y construya condiciones seguras de participación y defensa de los derechos humanos.

Repensar la protección también significa cambiar nuestra propia forma de pensar la violencia y el riesgo. No necesitamos más compañeras asesinadas, más personas presas por motivos políticos, más movimientos divididos y vulnerados por la violencia. Debemos dejar de exaltar el riesgo como valor y poner el énfasis en el cuidado y la protección como elementos básicos de la acción política.

Para sostener y proteger los movimientos, debemos mantener la esperanza, una esperanza que movilice a cada vez más personas contra el miedo y que despliegue un escudo protector sobre nuestros movimientos y sus luchas.

281

personas fueron asesinadas en 2016

Una perspectiva de género e interseccionalidad permite reconocer la forma en la que la discriminación configura la violencia política".