Marcela Turati: “Algo está podrido en un país cuando el periodista se convierte en la nota”

La periodista mexicana denuncia la impunidad que reina en México en las agresiones a comunicadores y el olvido al que están sometidas las periodistas asesinadas.

María Rado / marzo de 2018

Marcela Turati lamenta no estar de este lado del atril, pero con su trabajo y activismo se ha ganado el derecho a darnos lecciones al resto. La Casa Encendida, en Madrid, ha recogido recientemente el ciclo ‘Mujeres contra la impunidad’, y Marcela es una de ellas. Periodista -ahora también activista y, por tanto, defensora- mexicana, habló durante casi una hora del trago que supone informar sobre según qué cosas en un país en el que, literalmente, ejercer el periodismo cuesta la vida.

Turati es natural de México DF. Como periodista ha escrito sobre derechos humanos, movimientos indígenas, desigualdad o desastres naturales hasta que fue enviada a Ciudad Juárez por la revista Proceso. Desde entonces, y sin proponérselo, combina su actividad periodística con la defensa de la libertad de expresión y la condena de la violencia ejercida en México contra los informadores. Es fundadora de la Red de Periodistas de a Pie y de Quinto Elemento Lab. Ambas organizaciones se fundaron con la idea de promover un periodismo ético, y, en el caso de Quinto Elemento Lab, específicamente en la creación de reportajes de investigación “que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente”.

Es importante conocer el contexto para entender la labor de personas como Marcela. No son exageraciones, no son casos aislados, es una dinámica pensada para silenciar. Según el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y Reporteros sin Fronteras (RSF) Latinoamérica no es un buen lugar para ser periodista, pero México concretamente barre en todos los rankings. La “guerra contra el narco” declarada por el expresidente Felipe Calderón en el año 2006 lleva consigo cifras escalofriantes. Desde 2008 se han contabilizado 32.000 personas desaparecidas, 150.000 asesinadas y alrededor de 300.000 desplazadas. En lo que llevamos de 2018 ya ha habido un periodista asesinado; en 2017 hubo 11. y desde 2011 hasta 2016, el número de comunicadores asesinados asciende a 111 y a 23 la cifra de desaparecidos. Hay quienes han tenido que dejar la profesión, la ciudad o incluso el país. “La impunidad ha sido política de Estado”, sentencia Marcela.

Estrechamente relacionado con esta impunidad -de un 99,75 por ciento, según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)- está el hecho de que muchos miembros de las fuerzas de seguridad y de la clase política están en nómina de los carteles. Marcela y sus compañeros tienen asumido que quienes tienen que protegerlos muchas veces son los mismos perpetradores de la agresión. Esta impunidad, asegura, “es una invitación a que más gente asesine a periodistas ya que el costo es muy bajo si es que alguna vez se paga”.

Cuando informar cuesta la vida

La exposición de Marcela Turati es una sucesión de vivencias personales cubriendo masacres, muerte y violencia. Marcela pasó de trabajar temas de derechos humanos, desastres naturales o víctimas de la guerra sucia de los años 70 a reportear sobre violencia y desapariciones. Y ya van diez años. Y ha visto de todo. “La violencia nos cercó, y los periodistas no tuvimos mucha opción. No podemos vendarnos los ojos o pasar por encima de los charcos de sangre, sino que empezamos a cubrir esto de la manera que fuera”. En 2006 Marcela había fundado, junto a otras compañeras, periodistas la Red de Periodistas de a Pie. La idea original era unirse para hacer piña porque, como mujeres interesadas en hablar de desigualdad, se sentían discriminadas y sus piezas nunca llegaban a las portadas. Sin embargo, la violencia llegó, y comprendieron que esa realidad “les exigía otro tipo de compromiso”.

“De pronto muchos periodistas nos convertimos en corresponsales de guerra sin tener que salir de nuestro país, y de pronto también esta violencia nos fue cambiando de identidad”. Sin estar preparada empezó a escribir para la revista Proceso desde Ciudad Juárez, ya tristemente conocida como la capital del feminicidio a la que Roberto Bolaño dedicó, por esta razón, 400 páginas de asesinatos de mujeres en 2666. Desde allí, Marcela contó historias tan inconcebibles como la saturación de la morgue por tercera vez en 2011, “ya no cabía ningún cadáver de tantos asesinatos que había al día”. Marcela recuerda especialmente la respuesta que una niña de siete años le dio a una inocente pregunta:

- ¿Qué le has pedido a Santa Claus?

- No le pedí nada porque sé que Santa Claus paga cuota [está siendo extorsionado].

Se pusieron en marcha. Desde la Red de Periodistas de a Pie solicitaron a la ONU capacitaciones que al principio consistían en cómo cubrir el dolor o cómo acercarse a un niño o niña víctima de la violencia. Después de la gestión de las emociones, el siguiente paso fue la gestión de la información y de la seguridad personal: cómo encriptar información, cómo establecer un protocolo de seguridad o cómo adentrarse en según qué zonas. El reto que conlleva ejercer el periodismo, reconoce Marcela, es muy grande, “cómo hablar del muerto 5.000, del muerto 50.000, del asesinado 50.000 sin que te canses”. O sin que te maten.

Los periodistas en México no solo se dedican a investigar, preguntar y escribir. Hacen labores de monitorización de compañeros, de central de emergencias y se las tienen que arreglar para desempeñar su trabajo sin que nadie sepa que son ellos los que hoy firman la noticia sobre el asesinato de ayer. “Un reportero nos contó que se tenía que disfrazar para ir a cubrir escenas del crimen”, recuerda Marcela. Ella misma ha tenido que iniciar un dispositivo para sacar del país a una compañera que la llamó llorando, escondida, diciendo que la iban a matar. Otro de los trucos que se han visto obligados a utilizar es ceder la información a un corresponsal extranjero. Citan su propia investigación, publicada en un medio ajeno sin su firma, y evitan las consecuencias que esa información pueda acarrear.

Otro muchos periodistas, sin embargo, no tienen ni siquiera la opción de tomar estas precauciones. Están silenciados. En Tamaulipas, donde apareció una fosa con 200 cadáveres, una señora le dijo a Marcela: “¿Periodistas? ¿Ya para qué vienen? Llevábamos años diciendo que en este lugar desaparecía gente y que era asesinada y nadie nos escuchaba, parecía que hablábamos desde debajo del mar”. Ella asegura que en Tamaulipas los periodistas sabían qué pasaba pero no podían decir nada porque eran vigilados. “Los lugares donde ya se instaló el silencio, donde no funciona la prensa, son los lugares donde se instala la muerte”, sentencia.

La resiliencia

Y llegó el momento. En 2010 convocaron una marcha en México D.F que se llamó 'Los queremos vivos'. “Ahí rompimos una tradición, que fue empezar a militar por la libertad de expresión, por la justicia, contra la impunidad de que los crímenes no se resolvían y siguen sin resolverse”, recuerda. Durante la marcha los unos entrevistaban a los otros y se dieron cuenta de que lo último que un reportero quiere que pase, había pasado: “Algo está podrido en un país cuando el periodista se convierte en la nota” sentencia Marcela.

Sin embargo, toda esta movilización sirvió para que grupos de mujeres periodistas se unieran y le exigieran a un Ejecutivo inoperante que tomara medidas. “Sabemos que del Gobierno no podemos esperar nada”, reconoce Marcela, de ahí la proliferación de estos colectivos. Además, la organización ARTICLE 19 ha documentado que un 53 por ciento de las agresiones cometidas contra periodistas son ejercidas por parte de funcionarios públicos.

Miroslava Reach, Regina Martínez, Javier Valdez, Armando Rodríguez...Marcela los recuerda como colegas, como periodistas y como representación de un vergonzoso número que ya ha sumado uno más en lo que llevamos de 2018, Carlos Rodríguez. Lamentablemente, reconoce, existe un cierto abandono por parte de la sociedad y, lo que es peor, por parte de los dueños y editores de la mayoría de los medios. En muchas ocasiones se impone el discurso del “algo habrá hecho para que lo maten” lanzado por el Gobierno, discurso que en el caso de las mujeres se agrava. Cuando mataron a Regina Martínez, recuerda Marcela, la primera hipótesis fue la del crimen pasional. “El Gobierno burdamente dijo que ella había dejado entrar a su asesino y que era su culpa”, denuncia.

En el caso específico de la violencia contra mujeres periodistas, Marcela resalta que los ataques tienen un tinte “más íntimo, con otro tipo de mensaje”. Amenazan a los hijos e hijas, entran en las casas y revuelven la ropa interior o se bañan en su aseo. Que se sepa que estuvieron por ahí. Además, asegura que a los colegas hombres les cuesta aceptar que las mujeres son amenazadas y llegan a cuestionar la realidad del acoso: “Está loca, es una histérica, quiere promocionar su libro” y demás descalificaciones. La mujer periodista en México está sometida a múltiples discriminaciones, desde su propia redacción hasta la inexistencia de protestas callejeras tras un fatal desenlace. “A veces saldrá la familia, pero lo que vemos es que no tenemos los nombres de las periodistas asesinadas porque casi nadie las reivindica. Es muy fuerte este asunto del olvido con las mujeres periodistas”, afirma.

Pese a todo esto, Marcela Turati es capaz de ver la luz entre tanta tiniebla, y agradece a las protestas y movilizaciones que ella y otras sigan vivas. Sin embargo, reconoce que los y las periodistas de México tienen grandes retos por delante para conseguir hablar sobre tanta violencia sin que a uno le afecte y, sobre todo, que ésta no se normalice. “Cómo te limpias tú el alma después de haber visto tantas cosas y cómo mantienes viva la indignación y la esperanza de que estas cosas pueden cambiar”.

La Red Nacional de Periodistas ha documentado 430 casos de agresiones a mujeres periodistas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de 19 feminicidios y desapariciones forzadas (hasta octubre de 2017). Asimismo, la red informó que el 56% de las agresiones fueron perpetradas por funcionarios públicos.