“La solidaridad internacional es importante para enfrentarse a la instalación de la dictadura hondureña”

Celeste Espinosa, del Comité por la Libre Expresión de Honduras, repasa los últimos cambios legislativos en el país que tienen como objetivo restringuir la libertades y aumentar la censura.

 

Texto: M.ª Ángeles Fernández. Fotos: J. Marcos / julio 2018

El actual Gobierno sigue un patrón de acumulación de instrumentos de censura"
Las agresiones a defensoras en Honduras buscan desmovilizarte, es la doctrina del terror”
La respuesta del Gobierno de Honduras es altamente represiva y de persecución”

“A empujones, policía con pasamontañas obstruye labor informativa de periodista”. “Usurpan logotipo de periódico digital y lo vinculan con el crimen organizado”. “Se reactivan los ataques por redes sociales a defensores y periodistas”.

Entrar en la página web de la organización Comité por la Libre Expresión (C-Libre) es toparse, con decenas de ejemplos de ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información en Honduras. Hechos que, aunque parezcan simples titulares sin contextualizar, denuncian un proceso “de creación de legislaciones altamente restrictivas”, subraya Celeste Espinosa, feminista hondureña y defensora de los derechos humanos, como ella misma se define.

La ley de ciberseguridad es la última de esas legislaciones “altamente restrictivas” a las que se refiere. Las está implementando el Gobierno de Juan Orlando Hernández, en el poder desde 2014 (y previsiblemente hasta al menos 2022, ya que este año ha iniciado su segundo mandato). “En la anterior etapa reformó el Código Penal y dictó la ley de secretos; y en este mandato, quiere aprobar la ley de ciberseguridad. Sigue un patrón de acumulación de instrumentos de censura, ‘el paquete de la censura’, le decimos, con el que va bloqueando los espacios para evitar que las personas puedan manifestar su descontento. Primero, ocultas la información a la gente; luego, la sancionas por decir cualquier cosa, incluso por protestar en la calle, y la tratas como terroristas; y finalmente, actúas en las redes sociales, donde se ha trasladado el debate público”, contextualiza Espinosa, integrante de C-Libre, durante su visita a Bilbao.

Las redes sociales, bajo vigilancia

El proyecto de ley de ciberseguridad al que se refiere ha pasado ya sus primeros trámites parlamentarios. La excusa oficial es “regular los actos de odio y de discriminación en internet”. Pero para C-Libre, “lo que pretende es censurar las expresiones en contra de los funcionarios públicos y grupos de poder”, según recoge en su Alerta 021-2018. Esta nueva legislación también es criticada por Human Rights Watch: “Permitiría que el Gobierno utilice a las compañías prestadoras de servicios de internet para imponer restricciones inadmisibles a la libertad de expresión que excederían ampliamente lo que podría considerarse legítimo conforme al derecho internacional de los derechos humanos”, apunta el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco.

Una de las claves de esta jugada legislativa del Gobierno hondureño reside en la capacidad de movilización de las ciudadanía a través de las redes sociales, como sucedió tras las últimas elecciones. “Tienen una función no sólo de filtrar discursos y opinión, sino también para organizar a la gente. Son el medio más efectivo. También sirven para colocar otras narrativas sobre las que los medios guardan silencio. Han permitido que la sociedad hondureña se politice aún más y pueda posicionar mensajes claros”, confirma Espinosa. La activista cita como ejemplo el hashtag #FueraJOH, las iniciales del presidente hondureño, que, en una sola semana de julio, fue utilizado más de 2.000 veces en Twitter, con un impacto potencial de 2.750.00 visiones. Honduras tiene cerca de 2,5 millones de usuarios en redes sociales.

Retroceso general generalizado

La nueva amenaza a las libertades se suma al retroceso generalizado que ha supuesto la reforma del Código Penal realizada durante la anterior legislatura. Sin ir más lejos, el texto legal mantiene la ilegalización absoluta del aborto, ignorando las demandas de gran parte de la sociedad civil, entre ellas las de los colectivos feministas, así como las recomendaciones de organismos internacionales como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También se introdujo un endurecimiento de la criminalización de la protesta, lo que ha dado pie a que se hable de "ley mordaza". Precisamente la CIDH ha expresado su preocupación ante las reformas del Código Penal hondureño, regresivas para los derechos humanos y la libertad de expresión: “La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”. A pesar de las críticas, el Congreso hondureño no dio su brazo a torcer y el pasado septiembre aprobó la criminalización de la protesta social, con penas de prisión que van desde los 10 hasta los 20 años.

La modificación del Código Penal también tocó a la libertad de expresión, explica otra de las alertas de C-Libre: “Se crean delitos altamente restrictivos para la libertad de expresión y para la libertad de prensa; por ejemplo, se detalla que los periodistas o las personas que difundan información de determinado tipo podrían ser catalogado como ‘terroristas’. La tendencia es clara: no quieren que haya voces disidentes, voces que denuncien la falta de transparencia, la corrupción”, detalla Espinosa.

Precisamente la libertad de expresión -una condición fundamental para la democracia, clave para la defensa de los derechos humanos e intereseccional con todas las luchas y resistencias, en palabras de Espinosa- es la principal área de trabajo de C-Libre que desarrolla a través de tres líneas de actuación: comunicación alternativa, litigios estratégicos e investigación y capacitación sobre libertad de expresión y acceso a la información.

Cuestionada participación española

El Gobierno español, mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), participó en el proceso de modificación del Código Penal. Lo hizo a través de la figura de una asesoría que recibió duras críticas por parte de la sociedad civil de Honduras. Así, la plataforma ciudadana Articulación 611 considera “contradictorio que un organismo dedicado a promover el desarrollo y el respeto a los derechos humanos, como la AECID, aporte recursos para la aprobación de un Código Penal con claras tendencias represivas y antidemocráticas”, escribió este colectivo en un artículo de opinión en Público.

El Ejecutivo presidido entonces por Mariano Rajoy confirmó, con una repuesta escrita al Congreso, que había apoyado "al Gobierno hondureño en la promoción y respeto de los derechos humanos". Tampo hay que olvidar que España forma parte del proyecto ‘Eurojusticia’ para Honduras, para “promover la justicia rápida y accesible en el país”, al que la AECID ha destinado 550.000 euros y la Unión Europea, 27,5 millones de euros.

Celeste Espinosa, cuya organización también está integrada en la Articulación 611, critica esta financiación y exige unas respuestas que, asegura, aún no han recibido ni de la Embajada española en Tegucigalpa ni de la AECID: “La cooperación española le debe una explicación al pueblo hondureño sobre la asesoría de este consultor que, más allá de su criterio científico y de su experiencia, debería haber tenido en cuenta, o al menos haberlo promovidolo, la participación de la sociedad civil”.

Ataques en primera persona

En este contexto de restricción de libertades existen unos 3.000 casos de defensoras y defensores judicializados, cifra la feminista. “Aparte de la judicialización, la respuesta también llega en forma de estigmatización. Crean una imagen que deslegitima la labor de defensoría de derechos humanos”, añade. Ejecuciones extraoficiales, amenazas, persecución política e incluso el exilio son otras las situaciones que suelen vivir quienes defienden los derechos humanos en Honduras.

“La respuesta del Estado es altamente represiva y de persecución. El mismo titular del Ejecutivo ha promovido discursos de estigmatización diciendo que somos malas personas, que nos dedicamos a desprestigiar a Honduras en los espacios internacionales. A la larga, esto trata de justificar las acciones violentas hacia los defensores. Si le dices a la población que somos malas personas, que deberíamos ser sancionadas, que somos los responsables de la crisis del país, obviamente eso crea un malestar en la población”, explica durante una larga conversación que va desde el contexto houndureño hasta las vivencias más personales.

“Cuando trabajas en derechos humanos en Honduras asumes que no te vas a ir exenta, que hay una alta posibilidad que tengas una agresión”. Celeste Espinosa habla en primera persona con la misma determinación y claridad que cuando analiza el telón de fondo: “Actualmente nos enfrentamos a la estigmatización, a los discursos de odio. Yo he sufrido campañas de desprestigio”, cuenta con una sonrisa que llama la atención y a la que trata de restar importancia: “Al final tiendes a normalizar. Tanta es la violencia, tanto te atacan, tanto te dicen. Hemos asumido muchos riesgos, cuando vas a cubrir una protesta y estás frente a un policía que te apunta con su arma, o cuando usan bombas lacrimógenas, o cuando estás en medio de los disparos… tiendes a pormenorizar. Yo siempre trato de mantenerme lo más calmada posible porque si no, te vuelves loca y eso te puede desmovilizar”.

Espinosa recuerda los ataques a C-Libre, el secuestro exprés que sufrió una compañera y por el que tuvo que salir del país un tiempo…. y de cómo enfrentan todos estos desafíos: “Ahora somos más frontales con la denuncia, con la documentación, con los informes y con el litigio. Si hay algo que golpea a estos regímenes es cuestionarles a través de sus propios instrumentos, como es el sistema de Justicia”.

“Las agresiones no buscan matarte en primera instancia, pero sí desmovilizarte. Es la doctrina del terror, para que dejes de hacer lo que estás convencida que tienes que hacer”, explica. Y habla de la importancia de la comunicación, de colocar otras narrativas, de la solidaridad entre organizaciones, porque “cuando te ves solita es más difícil avanzar. Es importante la solidaridad internacional para hacer frente a lo que nosotros creemos que es la instalación de una dictadura”.

La historia de un Gobierno a golpes

A pesar de que el “el paquete de la censura” descrito encaja, temporalmente, en los Gobiernos de Juan Orlando Hernández, la situación actual de Honduras arranca en 2009 con el golpe de Estado. “Hubo tremendos retrocesos, no sólo porque se generaron incontables violaciones de derechos humanos, sino porque en ese momento se rompió con el Estado democrático, hasta llegar al punto en el que estamos hoy, con una institucionalidad estatal totalmente colapsada”, explica la activista, quien también relata la existencia de un proceso de acumulación, en primer lugar de poder, y después, de leyes restrictivas.

Entre denuncias de fraude electoral, Juan Orlando Hernández fue reelegido presidente del país a finales de noviembre de 2017. Las protestas ciudadanas no tardaron en surgir y fueron “brutalmente reprimidas”, afirma Amnistía Internacional: “Cientos de personas fueron arrestadas o detenidas, hasta que en diciembre se impuso un toque de queda de diez días. Las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza excesiva que incluyó el uso de armas letales. Al menos 31 personas resultaron muertas, y también se denunciaron múltiples casos de heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En su relato, Celeste Espinosa también abre espacio a la esperanza, al cambio: “Toda esta acumulación de descontento, de violaciones de derechos humanos, de precarización de la pérdida de bienestar, ha generado una población hondureña bastante politizada, capaz de manifestarse públicamente, incluso sabiendo que la van a reprimir, que la pueden matar, que la pueden torturar. Aun así, van a la calle. Y también hay otras resistencias que casi nunca se toman en cuenta, como son las resistencias en los territorios, que nunca han cesado. Son ancestrales. Eso tiene que ver con la acumulación de este modelo económico basado en el despojo”. Y finaliza: “A partir de la promoción de la reelección presidencial, de los abusos y de esta reencarnación en el poder, han surgido nuevos colectivos, movimientos y liderazgos de jóvenes y de mujeres que se han posicionado. Es una oportunidad para tener una sociedad hondureña mucho más crítica y consciente”.

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