Criminalización para desmovilizar las luchas en Honduras

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras

El asesinato de Berta Cáceres, del que ya se cumplen dos años, vino precedido, entre otros ataques, de una intensa campaña de criminalización y judicialización por parte del Estado que contribuyó a debilitar la seguridad de la defensora, estigmatizándola, señalándola públicamente y poniéndo en el punto de mira tanto a ella como a su familia.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras acompañó a Berta Cáceres durante el proceso de criminalización que enfrentó en 2013, tras ser detenida en un operativo por el Ejército de manera arbitraria y acusada de posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras. Tras un proceso prolongado más de lo debido, lo que constituye uno de los patrones típicos de la criminalización a defensoras de derecho humanos, Berta Cáceres fue absuelta. Dos años después, multitud de indicios apuntan a que el mismo Estado que la criminalizó no sólo es responsable de la impunidad en la que permanece el crimen sino que muy probablemente también es cómplice del mismo.

Desde su surgimiento en 2010, en el contexto post golpe de Estado y como respuesta a la necesidad de acompañar a las mujeres que por su labor en la defensa de derechos humanos eran víctimas de violaciones a sus derechos, no son pocos los casos de criminalización y judicialización que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos ha acompañado, con un notable y más que preocupante incremento en los últimos años.

Como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo corroboran diversos informes realizados por organizaciones de derechos humanos del continente: “Los procesos penales a los que son sometidos defensoras y defensores por las autoridades de manera injustificada, producen una serie de afectaciones personales a nivel individual y colectivo. Los efectos individuales pueden incluir temor, angustia, inseguridad, frustración e impotencia, así como estrés, ansiedad, depresión, insomnio, aislamiento e inseguridad de la persona sujeta a proceso.”

En este sentido, un caso paradigmático de criminalización es el que enfrentó Gladys Lanza, histórica feminista y defensora de los derechos de las mujeres, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, también conocidas como Las Chonas. Gladys falleció en 2016 mientras esperaba la resolución del recurso interpuesto ante la condena a 18 meses de prisión a que fue sentenciada tras ser acusada de “difamación”, por defender a una mujer víctima de acoso sexual. Este proceso de judicialización, el cual fue prolongado de manera arbitraria con reiterados actos de hostigamiento, supuso una enorme presión emocional para Gladys Lanza y contribuyó de manera notoria al deterioro de su salud, siendo uno de los factores que propiciaron su muerte. Siguiendo el informe del Comité contra la Tortura de la ONU, que afirma que “la prolongación excesiva en la condición de inculpado, aún en el caso de no encontrarse privado de libertad, constituye una forma de trato cruel”, organizaciones como la IM-Defensoras y Las Chonas acusaron en su momento al Estado hondureño de trato cruel e inhumano contra la defensora.

En los últimos años, las defensoras con mayores índices de judicialización y persecución han sido las que están al frente en la defensa del territorio y los bienes comunes de la naturaleza. Ello responde, por una parte, al empoderamiento de las mujeres y a su papel cada vez más relevante al frente de los movimientos y, por otra, a las políticas estructurales de corte neoliberal, patriarcal y extractivista que han provocado que, en la actualidad, Honduras cuente con aproximadamente un 70 por ciento de su territorio concesionado a empresas de capital transnacional y nacional que buscan despojar a los pueblos de sus tierras, bosques y ríos y explotar sus bienes. El uso del derecho penal para obstaculizar la labor de quienes hacen oposición a la venta de los territorios y la privatización de espacios públicos ha sido en Honduras un ejemplo del contubernio de los encargados de impartir justicia con transnacionales y grupos de poder político y oligárquicos.

Las políticas estructurales de corte neoliberal, patriarcal y extractivista han provocado que Honduras cuente con aproximadamente un 70% de su territorio concesionado a empresas de capital transnacional y nacional que buscan despojar a los pueblos de sus tierras, bosques y ríos y explotar sus bienes.

Tan sólo desde marzo de 2016 hasta la fecha, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha registrado la detención ilegal de hasta 24 defensoras del territorio, en su mayoría acusadas por el delito de usurpación de tierras o por delitos comunes como robo o hurto. En casi todos los casos, la detención arbitraria de las defensoras viene acompañada de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los entes represores del Estado, causando graves daños a la integridad física y emocional de las mujeres, con consecuencias a su salud no sólo inmediatas sino a largo plazo. Ello, sin duda, responde a una estrategia que busca no sólo castigar y reprimir, sino también lanzar una advertencia a las comunidades, y de manera muy específica a las mujeres, para inhibir y desmovilizar la protesta social.

Entre febrero de 2016 y junio de 2017, María Virginia Dominguez Vásquez, María Catalina Domínguez Vásquez, María del Rosario Domínguez Vásquez, María Plácida Domínguez Hernandez y María Marcelina Domínguez Vásquez, integrantes de la Comunidad La Jarcia, acompañada por el COPINH, enfrentaron un proceso judicial por delito de “usurpación”, tras ser desalojadas de sus tierras de manera violenta y ser destruidas sus viviendas y sus pertenencias –incluidas las que son utilizadas para la subsistencia de sus hijas e hijos– por parte de la policía.

Desde 2016, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Madeline Martina David, Neny Heydy Ávila, Letty Bernárdez y Carolina Castillo, han sido objeto recurrente de criminalización e incluso de detenciones arbitrarias por su defensa del territorio garífuna ante la imposición de megaproyectos turísticos.

En marzo de 2017, Irma Lemus, secretaria del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán (OPDHA), quien ha sido objeto recurrente de diversos ataques y hostigamiento judicial, fue detenida cuando acudió a interponer una denuncia por un caso que acompañaba. Al momento de presentar su identificación fue informada de una supuesta orden de captura pendiente por un delito de usurpacion de tierras. Tras pasar horas detenida, Irma Lemus fue liberada al comprobarse que dicha orden correspondía a un caso de judicialización de 2014 que ya había sido sobreseído.

En agosto de 2017, Angélica Recinos, Albertina López y Wendy Cerrtios, integrantes del Campamento Digno por el Agua y la Vida en resistencia frente a la Hidroeléctrica Centrales El Progeso (HIDROCEP) que pretende represar el río Pajuiles, fueron reprimidas, detenidas arbitráriamente y criminalizadas por delitos de “celebración de reunión ilícita agravada” y “daños en perjuicio de la seguridad interna del Estado”. Al suceder los hechos, Albertina López estaba embarazada de ocho meses.

En septiembre de 2017, Dinia Yasmin Sarmiento Suárez y Suany Ibeth Sánchez Argueta, de la Empresa Asociativa Campesina Palos Verdes, fueron detenidas, acusadas de hurto y señaladas como integrantes de una “supuesta banda” y “estructura criminal” con el objetivo de negar el contenido político del conflicto territorial que su organización sostiene contra uno de los principales terratenientes del país.

En octubre de 2017, Sindy Ramos, Vilma Rosa, Deysi Rosa, Elsy Rosa, Kenia Rosa y Raquel Méndez, de la Empresa Asociativa Campesina Nuevo Ebenezer, fueron detenidas y acusadas de los delitos de usurpación, robo e incendio agravado, tras un desalojo violento por parte de la policia en el que no faltarón balas ni gases lacrimógenos.

Pero tal y como sucedió con Gladys Lanza, el recurso a la criminalización por parte del Estado o actores privados responde a muy diversos fines e intereses y afecta a defensoras de toto tipo, como en el caso de Suyapa Martínez, conocida activista feminista y coordinadora del CEM-H, quien en marzo de 2017 fue judicializada por DESA por haber emitido «informaciones inexactas y perjudiciales” seguida de una intensa campaña de desprestigio contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, como COPINH y Global Wittnes y la discusión sobre reformas penales orientadas a criminalizar la libertad de expresión.

Otro ejemplo de ello son los procesos legales interpuesto contra Nancy Paola Cruz García, Jessy Nataly Sánchez Santos, Emmy Nohemy Jiménez Zelaya y Reveca Elvir Mayorquin, Genesys Araceli Andino, Karen Giselle Reyes, Gloria Sarahi Mejía, Tiffani Nicolle Zúñiga, Any Raquel Blanco, Zuly Rodríguez, Suset Vásquez, Jenny Bonilla y Brenda Miralda, estudiantes universitarias que hacen frente a la privatización de la educación superior pública y que han sido criminalizadas y judicializadas bajo los delitos de usurpación en la modalidad de detentación del espacio público, sedición y actos vandálicos por parte de las autoridades universitarias y operadores de justicia.

O lo sucedido recientemente con María Paula Lainez Rodríguez, quien fue detenida desde el 15 de febrero de 2018 al ejecutarse una orden de captura emitida en su contra en el año 2008 por los supuestos delitos de asesinato contra once personas, robo agravado e incendio, y puesta en libertad el día 19 de febrero luego de realizada la primera audiencia. Coincidiendo con su detención se inició una campaña de difamación en diferentes medios de comunicación que la señalaban como «asesina en serie» además de mencionar que ella se había declarado culpable, cosa que nunca sucedió.

A pesar de los diferentes llamados al Gobierno hondureño que, impulsados por las organizaciones del país, se han hecho desde organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las diferentes relatorías de la ONU en relación a la necesidad de visibilizar el papel positivo y protagonista de las mujeres en la defensa de derechos humanos, lejos de retroceder, persiste e incluso aumenta una actitud contraria que persigue, desacredita y criminaliza a quienes no comparten su visión de desarrollo desde una mirada neoliberal, capitalista y patriarcal. A ello se une el actual contexto marcado por el fraude electoral perpetrado en noviembre del año pasado y consolidado a través de la imposición y la represión sistemática de la población civil, que ahonda en la problemática y sitúa a las defensoras de derechos humanos hondureñas en una situación de extrema vulnerabilidad e indefensión. En este contexto post electoral se han registrado hasta la fecha el asesinato de 38 personas a manos del Ejército y la policía, entre ellas Kimberly Dayana Fonseca y Katherine Nicol Bonilla. Por ello es importante, en estos momentos, no alejar la mirada de Honduras y de las miles de mujeres que día a día se enfrentan al autoritarismo, al despojo y a la misoginia estructural, prolongando y multiplicando el llamado en que se ha transformado la generosa existencia de defensoras como Margarita Murillo, Gladys Lanza o Berta Cáceres, entre tantas otras.

 

El uso del derecho penal para obstaculizar la labor de quienes hacen oposición a la venta de los territorios y la privatización de espacios públicos ha sido en Honduras un ejemplo del contubernio de los encargados de impartir justicia con transnacionales y grupos de poder político y oligárquicos.