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La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha presentado un estudio con los datos de violencia de los años 2015 y 2016.
Mª Ángeles Fernández / mayo 2018
Francela Méndez estaba en casa de su amiga Consuelo Flores, en la localidad salvadoreña de Sonsonate, cuando la asesinaron. Para no dejar testigos, los asesinos también mataron a la anfitriona. Era el 31 de mayo de 2015. El doble crimen sigue sin resolverse.
El Salvador es uno de los países con más alto índice de impunidad en materia de crímenes de odio por identidad de género u orientación sexual: más de 500 casos entre 1999 y 2016. Y dos asesinatos. También sigue sin resolver el de Tania Vásquez. La Fiscalía General de la República lleva años negando la información sobre el avance de los casos.
“Carismática, lideresa, alegre, fuerte y sensible” son los adjetivos con los que en último informe de la Iniciativa Mesoaméricana de Defensoras (IM-D), correspondiente a los años 2015 y 2016, se refiere a Francela, fundadora de la asociación Colectivo Alejandría, que trabaja para mejorar el acceso a la formacion de personas LGTBI, y primera mujer transgénero que formó parte de la Red Salvadoreña de Defensoras. “Ser una persona LGTBI, pero sobre todo, ser mujer lesbiana, mujer transgénero o transexual significa llevar en el propio cuerpo la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos”, recoge el informe, que da cifras y porcentajes sobre el aumento de la violencia hacia las defensoras de derechos humanos en una región cada vez más hostil.
También da nombres. Y pone rostros. Y cuenta historias. Como la de Venus Caballero, periodista transgénero a la que un jefe de la Polícia Nacional tuvo que pedir disculpas. Para lograr esta mínima reparación, Venus recurrió a la Procuraría de Derechos Humanos porque la policía no le permitió poner una denuncia, tratándola con burlas y atropellos por sus identidad trans. Como la de Berta Cáceres, muy conocida y reconocida. Son pocas, en cambio, las que tienen esta visibilidad. Unas semanas después del asesinato de ‘Bertita’, como la conocían sus compañeras de lucha, fue asesinada su compañera de organización Lesbia Urquía. De esta historia se sabe menos.
“Abandona el caso que estás acompañando, sino vas a amanecer hormigueada acuérdate que vives sola con tus hijos, y tú sales a trabajar diario y ellos se quedan solos, si no lo haces atente a las consecuencias”. El documento, titulado ‘Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica’, reporta también ejemplos de algunas de las amenzas recibidas.
“Esta es una primera llamada, si tú sigues insistiendo en meterte en asuntos que no te importan qué crees que te puede pasar mucho? así que tente lástima, te la perdonan porque no te pasas de lista pero estás jugando con fuego y te vas a quemar, dedícate a tus costuras, a tus mugrosos talibanes, porque si no, ni tus huesos van a encontrar”.
Aumento de la violencia
Las agresiones registradas entre los años 2015 y 2016 alcanzan las 2.197, un 30 por ciento más que en el anterior periodo estudiado (2012-2014). Excepto en El Salvador, donde ha habido una disminución, las cifras crecen en el resto de países. Y además, entre esos dos años, las agresiones se han doblado, “en un año el crecimiento es altísimo”, subraya Lydia Alpízar, codirectora de la IM-D. Junta a ella, su compañera Marusia López recuerda que “entre 2012 a 2016 hemos podido documentar casi 4000 agresiones, que es un número bastante fuerte, y ha habido 53 compañeras asesinadas”.
agresiones a defensoras de derechos humanos en la región
asesinatos de defensoras en 2015 y 2016
El último informe también reporta 21 asesinatos, como el de Francela Méndez. Como el de Berta Cáceres. O como el de su compañera Lesbia Urquía. México es el país en el que se registraron más asesinatos (8), seguido de Honduras (6), Guatemala (5) y El Salvador (2). No hubo ninguno en Nicaragua, según el informe; pero la realidad ha golpeado fuerte a este país recientemente y las agresiones se han multiplicado.
“No tenemos perspectivas halagüeñas. Hay un dato muy impresionante: desde 2012, cuando empezamos a registrar las agresiones, hasta 2016, los ataques a defensoras han crecido un 253 por ciento. Y sabemos que hay un subregistro, porque no tenemos toda la capacidad”, incide Lydia Alpízar. La codirectora y una de las fundadoras de la IMD resalta dos grupos de defensoras que aparecen de forma muy importante en el informe bianual: las del territorio y los recursos naturales, y las de los derechos sexuales y reproductivos. “Desde el principio, las del territorio son las que reciben el mayor caso de agresiones, el 28 por ciento; y también hemos capturado la reiteración de las agresiones, el 86 por ciento son reiteradas, no estamos viendo eventos aislados. 29 de ellas sufrieron intentos de asesinato. Y están teniendo que hacer desplazamientos forzados”, explica Alpízar, quien, en el caso de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, remarca que muchos de los atacantes son desconocidos.
Además, la codirectora subraya el aumento de los agresores provenientes de grupos conservadores y fundamentalistas religiosos, “que tienen además un discurso muy fuerte de lo que llaman ellos ‘ideología de género’, que articula reivindicaciones que van muy claramente en contra de las feministas, de los grupos que defienden la libertad sexual y los derechos de la población LGTBI, y que están impulsando agendas claramente políticas, y tienen discursos de odio”.
En los ocho años de lucha y de trabajo, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha pasado de hacer recomendaciones sobre modos y modelos de protección a los Estados a plantear mensajes en otra línea: “Hay un problema sistémico y tenemos que hacer un replanteamiento hacia un cambio del modelo económico, del modelo político, de esta economía extractiva que nos está asesinando. Y esta exacerbación de los fundamentalismos y del conservadurismo que nos está haciendo retroceder en derechos. Si no empujamos estos cambios sistémicos la violencia va a seguir, y por más refugios, redes de protección o acciones que tengamos no vamos a ser capaces de enfrentar estas dimensiones si no empujamos cambios sistémicos”, reflexiona Marusia López. “Algo que hemos aprendido también en estos años es que la protección de defensoras y el fortalecimiento de las luchas por la transformación social no son dos cosas separadas”, añade.
Una región deteriorada
La desigualdad, la falta de justicia social o la inequidad no son suficientes para esbozar el contexto en el que se manejan y luchan las defensoras. El empobrecimiento, la penetración del crimen organizado y del narcotráfico o una “corrupción sin precedentes”, según la Iniciativa, dibujan una región en la que los Estados, quienes se suponen garantes de los derechos humanos, cada vez están más debilitados. “La institucionaldiad democrática de nuestros países se ha deteriorado aceleradamente”, resume Marusia López. Esta defensora también critica la captura de las instituciones y de los recursos públicos por parte del poder corportativo: “Es un poder mucho más descarado y terriblemente violento. Los gobiernos se han convertido en oficinas de atención a los intereses de todos estos grupos de poder privado”.
El fundamentalismo religioso también afecta al panorama político y social. Como escriben Patricia Ardón y Daysi Flores en Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, los Estados de la región mesoamericana -México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua- se han convertido en instrumento de intereses corporativos y de las elites que de manera cada vez más abierta gobiernan y utilizan los recursos públicos para sus negocios. Lydia Alpízar confirma el análisis del panorama: “Hay un recrudecimiento de la violencia, de la represión, y cierre de los espacios de participación y movilización. El panorama está complicado para la protección”. Más cuando la impunidad es otra de las características.
Hay un recrudecimiento de la violencia, de la represión, y cierre de los espacios de participación y movilización. El panorama está complicado para la protección".
La protección es sobre todo un ejercicio de empoderameinto político y empoderameitno colectivo".
Muchas más
“Si juntamos a todas las mujeres que formamos parte de diferentes movimientos bajo el nombre de defensoras, nos convertimos en muchas más”. Esta frase de la escritora y jurista feminista Alda Facio resume la importancia del término ‘defensoras’, en plural, y de su uso como elemento político. Marusia López lo tiene claro: “Algo a lo que ha contribuido la Iniciatvia es a reconocer el trabajo de defensa de derechos humanos que hacemos mujeres muy diversas en un escenario donde es fácil que a las mujeres se las tome como víctimas”.
“Parte de la protección es reconocer la identidad de defensoras, el aporte que las mujeres están haciendo en la defensa. Y la protección es sobre todo un ejercicio de empoderameinto político y empoderameitno colectivo, que nos tiene que retar a la forma en que nos organizamos, a los liderazgos que tenemos, a las formas en que hacemos el activismos, para pasar de modelos de sacrificio y de liderazgos jerárquicos a modelos de poder colectivo, donde no se disocia nuestra vida personal y nuestro trabajo de cuidados y doméstico con nuestro activismo político”, resume, de manera clara y directa, la también integrante de JASS. Junto a ella, Lydia Alpízar remarca la reapropiación y llenado de significado que se ha hecho del término: “Que una persona sea reconocida como de defensora no sólo le valida como persona que juega ese rol sino que también valida las agendas de transforamción por las que está trabajando”.
