En Honduras, las mujeres se plantan contra la dictadura

Honduras suele ser un país sumido en el silencio. Apenas ahora se comienza a hablar de dictadura, como si fuera la única, como si esta crisis política no se viniera arrastrando de mucho antes que entrara en vigencia la actual Constitución de la República, antes que el actual presidente se reeligiera. Pero ese silencio se rompe por la voz de mujeres fuertes que están en primera línea, voces como la de Berta Cáceres y ahora sus hijas que decidieron seguir la lucha, como las mujeres en el norte del país luchando contra las concesiones territoriales y por la soberanía, o las madres que han perdido a sus hijos por balas militares. Las mujeres también lideraron el movimiento anti dictadura contra el nacionalista Tiburcio Carías Andino en 1944. Ellas están reflejadas ahora en las mujeres que lideran la oposición de la dictadura de otro miembro del Partido Nacional: Juan Orlando Hernández.

 

Jennifer Ávila / marzo de 2018

Fotos de  Martín Cálix 

Los historiadores dicen que los hechos son irrepetibles, que hacer comparaciones suele ser inútil. Sin embargo, cuando no se cuenta la historia, el silencio nos condena a repetirla. En noviembre de 2017 Honduras entró en una nueva etapa de crisis política que se aceleró desde el golpe de Estado de 2009. El presidente Juan Orlando Hernández logró la reelección tras varias maniobras legales que permitieron una sentencia que contradijo la Constitución de la República pero que le permitió entrar en contienda electoral de manera consecutiva. A pesar de las denuncias de fraude electoral y de la convulsión social que causó esto, Hernández se mantiene en el poder, en algo a lo que ya se le llama dictadura.

Esta coyuntura encuentra a un movimiento social aun golpeado por el asesinato de Berta Cáceres, una defensora social y feminista que lideró luchas ambientalistas en el país y que fue asesinada por una élite económica confabulada con las Fuerzas Armadas y el Gobierno de turno. A pesar de esto, el movimiento social hondureño está siendo liderado por mujeres, las hijas de Berta Cáceres -Berta, Laura y Olivia Zúñiga Cáceres-  que decidieron sostener el legado de su madre y mujeres en las comunidades en defensa del territorio como Mirian Miranda del pueblo garífuna en el atlántico hondureño, mujeres campesinas en el Bajo Aguán, mujeres en contra de la concesión de las carreteras y mujeres en los barrios y colonias de las principales ciudades del país que luchan contra la represión militar. Pero no es de ahora que las mujeres se plantan contra una dictadura, aunque las dictaduras sí cambien de tácticas y estrategias.

La académica feminista Zoila Madrid cuenta cómo la dictadura de Tiburcio Carías Andino -nacionalista que estuvo en el poder desde 1931 hasta 1949 haciendo reformas a la Constitución de ese tiempo para reelegirse indeterminadamente- encarceló, envió al exilio y asesinó a muchas mujeres y hombres y cómo cerró su periodo con una masacre en una manifestación de mujeres obreras del movimiento antidictadura en San Pedro Sula. La masacre de 1944, un hecho que parece haber sido borrado de la memoria.
“Hemos tenido testimonios de mujeres que se salvaron porque algunos vecinos les abrieron las puertas. En la dictadura se cierra la posibilidad de movilización, organización, disentir con quien está en el poder, esa es la característica de las dictaduras ya sean de izquierda o derecha. En ese tiempo había dictaduras en toda la región, era la Segunda Guerra Mundial y esto marcó una nueva apertura para el debate y discusión sobre la democracia. Ahora lo que tenemos es una dictadura disfrazada de democracia; con los procesos de democracia, pero autoritaria”, explica Madrid.

En los años 30 se iniciaron procesos revolucionarios por parte de grupos obreros, la crisis económica y la llegada de trasnacionales de producción frutera hicieron de Honduras el mayor productor de banano, un país con una institucionalidad minúscula y con una gran influencia de las corporaciones en las decisiones del país. Carías era el hombre de las bananeras en lo que se comenzó a llamar la “Banana Republic”. La represión contra la disidencia era brutal y lo mismo sucedía en los países vecinos, con los gobiernos de Jorge Ubico en Guatemala y de Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador.

“En las dictaduras se elimina al enemigo y es enemigo quien piensa diferente. Tenemos actualmente un marco diferente porque también a nivel internacional está el proceso de globalización que está construyendo otras formas de democracia, de lo que llaman democracia. Ya no son dictaduras por la fuerza militar, estas son 'demodictaduras', porque es otra forma de tener una democracia formal, electoral. Siempre se ejerce la violencia sobre los que disienten al sistema, los que representan este nivel de poder no toleran críticas a la situación”, continúa Madrid.

El historiador sampedrano Rodolfo Pastor Fasquelle cuenta que su madre estaba en el movimiento antidictadura en tiempos de Carías, ella vivía en San Pedro Sula donde ocurrió la masacre de 1944. Cuenta que su madre siempre dice que esta masacre “castró al movimiento social hasta nuestros tiempos”.

También lo cuenta, casi susurrando, la hija de una sobreviviente a esta masacre quien aún hoy vive en esta ciudad. Esta mujer teme dar su nombre porque siente que solo hubo una prolongación de la dictadura, que Honduras nunca ha tenido democracia, libertades para la ciudadanía.

“Mi mamá murió del corazón muchos años después de la masacre, porque ella no soportó presenciar lo que vio ese día. Logró sobrevivir porque se escondió en el mostrador de la farmacia donde ella estaba comprando unas medicinas. Vio cómo la cajera cayó muerta sobre la caja registradora. Nunca lo superó y siempre nos lo contaba con miedo”, recuerda esta mujer, quien ahora, a pesar de trabajar en una organización defensora de derechos humanos, prefiere no hablar del tema.

Madrid asegura que el impacto de esta masacre ha durado generaciones, el silencio que ha generado hace que se mantenga en el olvido. “No se discute, todavía no es una fecha relevante porque ha estado en silencio y no se recupera históricamente. Para la dictadura era que quedara borrado totalmente de la memoria. Es un silencio demoledor, el silencio sobre el cual se construye la democracia, fue construida en el silencio, en el dolor, ¿qué actitud podía tener esa generación de participar en la construcción ciudadana de algo que el mismo sistema asesino estaba promoviendo? Un movimiento construido en base de silencio”, asegura.

El rompecabezas de esa historia parece no estar completo, con el tiempo se pierden muchas piezas, pero quienes se atreven y traen de nuevo estas escenas a la actualidad son las mujeres, movimientos de mujeres en la zona norte del país.

Rubenia de Ortega, exiliada, recuerda en un documento histórico sobre el ‘Caríato’ cuando ella y su familia se fueron al exilio a El Salvador después de la represión de las movilizaciones en Tegucigalpa y la masacre de la protesta antidictadura de San Pedro Sula:

«…Cuando el avión despegó sentí alivio, los años de zozobra quedaban atrás. Desde lo alto pude apreciar aquella Tegucigalpa pequeña, pero bella.

Cuando aterrizamos en el aeropuerto internacional de Ilopango, nos dirigimos a las oficinas de migración, quedando sorprendidos por la forma como nos recibieron de bien. Cuando salimos de la terminal aérea tomamos un taxi hacia el hotel Nuevo Mundo, en ese entonces uno de los mejores que estaba ubicado en el propio centro de la ciudad. Allí se hospedaban muchos hondureños emigrados, que ayudaban a los compatriotas pobres que salían huyendo de Honduras, donde se había desatado una verdadera cacería contra los liberales, después de los acontecimientos sangrientos del 6 de julio en San Pedro Sula. La situación de algunos era desesperante porque habían huido sin nada.

Según contaban los sampedranos exiliados que participaron en la fatídica manifestación del 6 de julio de San Pedro Sula, los soldados dispararon sin misericordia a mujeres, niños y hombres, no pudiendo defenderse nadie por no portar arma alguna, teniendo así los soldados vía libre para mirar. Muchos se habían salvado como ellos, escondiéndose bajo los carros estacionados, los cauces de aguas lluviosas, en los huecos de las vitrinas. Que lo que vieron al salir de su escondite al terminarse el tiroteo fue algo terrible e impresionante; muertos, heridos, pedazos de carne humana pegada en las paredes y los gritos desgarradores de los heridos. Nunca se imaginaron que eso pudiera haber sucedido, sobre todo porque habían dado el permiso que se llevara a cabo la manifestación.

Como no se dieron cuenta del inicio de la masacre, pensaron que algún soldado había disparado sin tener la orden de hacerlo o ¿sería que alguno de los participantes le hizo algo a algún soldado y este le disparó? Todos se preguntaban qué habría sucedido. Cuando supieron la verdad quedaron horrorizados. :

“Al llegar la manifestación a la tercera avenida frente a la tienda de Jorge Larach, el dr. José Antonio Peraza (líder del movimiento) se disponía a subir a un camión que estaba estacionado, para agradecer a los participantes su asistencia, cuando el mayor de la plaza Angel Fúnez le dijo a gritos:

-Discursos no.

Ante esta negativa, el profesor Alejandro Irías le dijo que lo dejara hablar, que solo iba a dar por terminada la manifestación. Por respuesta recibió un disparo fulminante. Los tiros principiaron cayendo después la profesora Antonia Collier e Irene Santamaría. Taurino Bustamante, Amadeo Voto y muchos más. Las ametralladoras estaban emplazadas en varios lugares inmediatos, por lo que la masacre estaba planeada de antemano.»

Cada año, grupos de mujeres en San Pedro Sula recuerdan estos hechos, se juntan para hablarlo y recordar a las víctimas de esta masacre y tener presente que el movimiento actual, que la dictadura actual tienen raíces.

Con la sangre de Berta Cáceres

El actual Gobierno estuvo vinculado directamente en el asesinato de Berta Cáceres. El concesionamiento de ríos, montañas y carreteras de manera irregular ha sido una de las características del plan de desarrollo del actual presidente y ha generado múltiples conflictos territoriales; la muestra más grave de esto fue el asesinato de Cáceres.

El día que Berta fue asesinada, integrantes de base del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que ella fundó y con el que luchaba por la defensa del río Gualcarque contra una hidroeléctrica, estuvieron con ella en un taller sobre energía renovable que facilitaba el líder social mexicano Gustavo Castro, amigo de la organización por muchos años y que estuvo a punto de morir en el ataque. De inmediato, las líneas de investigación del Ministerio Público apuntaron a un crimen pasional o a un plan que viniera desde el mismo COPINH. La familia y la organización, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes para realizar una investigación verídica que diera con los verdaderos criminales. Es así como en noviembre del 2016 surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

En octubre de 2017, el GAIPE presentó el informe ‘Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres’ que muestra la red de mando que desarrolló el operativo que terminó con la vida de la lideresa. La cadena comienza con la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, hasta llegar a estructuras estatales. La información publicada por el GAIPE está en manos del Ministerio Público desde mayo de 2016 pero aún no se tienen resultados en contra de la empresa o los funcionarios públicos implicados.

Pese al secreto con que se ha manejado la investigación judicial del asesinato de Cáceres, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA, personal de seguridad privada contratado por la empresa, agentes estatales y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al crimen. Esos hechos aún permanecen impunes, según el informe.

En las comunidades que lucharon con Berta, las mujeres siguen sosteniendo la defensa del territorio a pesar de que la violencia continúa y la represión militar es aún más fuerte. Rosalina es una de ellas. Esta mujer de unos 40 años, que recién tuvo su cuarto bebé, cree que esto no acabará hasta que caigan los autores intelectuales del crimen contra Berta. Cuenta que en la comunidad San Ramón en San Francisco de Ojuera asesinaron a una mujer, hermana de dos miembros de Copinh. Ella cree que estas son señales del odio y la violencia que sigue enraizada en las comunidades donde el proyecto sigue siendo una realidad, una violencia que sigue cayendo con mayor saña contra las mujeres, usadas para dar mensajes.

“Nosotros creemos que ese asesinato es parte de este conflicto, cuando uno se involucra, la familia está en riesgo por las enemistades, a veces se dan casos de esta forma para que no se descubra quién hace las cosas”, explicA Rosalina mientras chineA a su bebé.

Por su parte, Berta Zúniga, la hija de Berta que heredó la dirigencia de Copinh, asegura que las comunidades están en un proceso de reestructuración siempre en la convicción de seguir la lucha para respaldar los procesos de las comunidades de enfrentarse a este modelo económico. “Hay una decisión que se reafirmó en asamblea general en continuar el trabajo de lucha que Berta nos heredó”, expresa.

La presencia de Berta se hace visible en las luchas territoriales de todo el país donde las mujeres se enfrentan a policías, militares, terratenientes y funcionarios públicos, pero donde también las mujeres se enfrentan al machismo dentro de sus mismas casas, comunidades y movimientos. Berta se enfrentaba a esto y varias veces en el año organizaba reuniones con mujeres de diferentes grupos para hablar de la situación de las mujeres en el movimiento social.

Según la Red Nacional de Defensoras en su informe sobre la situación de las defensoras en Honduras en 2015, un 82 por ciento de los incidentes contra defensoras se encuentra en la categoría de ataques contra la integridad y reputación; específicamente los correspondientes a intimidación y hostigamiento psicológico son un 45,9 por ciento; mientras que las amenazas, advertencias y ultimátums suponen un 19,7 por ciento; seguidos las por calumnias, el señalamiento y las campañas de desprestigio con un 9,8 por ciento.

Si bien es cierto que los perpetradores de las agresiones son en su mayoría desconocidos, es de resaltar que un 18,8 por ciento corresponde a autoridades (municipales, estatales, departamentales y comunitarias); así como un importante 10,1 por ciento que identifica a la comunidad misma como la perpetradora; y un preocupante 8,7 por ciento que recibió ataques por parte de familiares y gente cercana.

“Las agresiones que reciben las defensoras por parte de integrantes de la comunidad y gente cercana indican la existencia de amenazas internas a su labor de defensoría, además de los riesgos externos a los que se enfrentan. Preocupa la existencia de incidentes perpetrados por integrantes de la organización o del movimiento social al que pertenecen las defensoras, que se han posicionado al lado de los intereses de terratenientes y empresas extranjeras de la industria extractivista”, expresa el informe.

Por otra parte la plataforma mesoamericana IM-Defensoras informó en octubre del año pasado que entre 2012 y 2016 documentaron 1.128 agresiones y 13 asesinatos de defensoras de derechos humanos en Honduras y que, en los últimos meses, se ha producido una progresiva escalada de violencia y represión contra las defensoras, como muestran las 15 alertas urgentes que desde junio de 2017 emitió la IM-Defensoras en relación a agresiones.

“Para las mujeres defensoras de derechos humanos el panorama es aún más preocupante, pues la discriminación y la violencia de género generan riesgos adicionales para las mujeres activistas, quienes juegan un papel cada vez más preponderante y visible al frente de los diversos movimientos sociales o en la primera línea de las luchas por el territorio. Las mujeres defensoras realizan su trabajo en un contexto de misoginia plasmada en los intolerables índices de femicidio y violencia contra las mujeres, o en las políticas públicas que restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad”, explican.

Durante el golpe de Estado, y como es característico de las dictaduras, las acciones legales restrictivas fueron en contra, por un lado, de la sexualidad de las mujeres prohibiendo la píldora anticonceptiva de emergencia; y, por otro, contra los territorios, desatándose 111 concesiones hidroeléctricas y más de 500 mineras. Ante esta situación, las feministas se han organizado como Feministas en Resistencia y formaron parte en un inicio del Frente Nacional de Resistencia Popular. Sin embargo, las luchas feministas sonaron mal en este espacio, lo que generó que personas como Berta Cáceres, Mirian Miranda y Margarita Murillo se desvincularan del movimiento cuando alcanzó a ser un partido político, el partido Libertad y Refundación (LIBRE).

La socióloga feminista Karla Castro cuenta en su estudio sobre movimientos sociales, mujeres y feministas que “la agenda feminista no siempre fue fácil, pero se sostuvieron algunos temas aún sin la aprobación de la dirigencia del frente, por ejemplo cuando gritaban o hacían pintas en las paredes pidiendo la despenalización del aborto, o cuando se gritó o escribió “’sí, a las píldoras de emergencia’ (anticonceptivos del día después o de emergencia). Allí los compañeros de la coordinación se opusieron, desaprobando la acción de las feministas”.

Las mujeres que han continuado en las luchas territoriales más allá de la participación en una contienda electoral han sido agredidas, perseguidas por agentes estatales y paramilitares. Margarita Murillo fue asesinada en su propiedad en 2013 después del golpe de Estado, después Berta Cáceres en 2016 y las múltiples amenazas contra Mirian Miranda la han puesto en una situación de extrema seguridad que ha restringido sus libertades. Otras mujeres como Karina Flores en la lucha por la soberanía vial se han enfrentado a desprestigio de su imagen y amenazas de judicialización; así como campesinas en el Bajo Aguán que han cruzado procesos judiciales acusadas de usurpadoras, por sedición y desobediencia civil.

La primera persona asesinada tras la crisis post electoral de 2017 fue una mujer, una joven de 16 años que buscaba a su hermano en un barrio conflictivo de Tegucigalpa donde hubo protestas y enfrentamientos con militares tras las elecciones. Kimberly Dayana Fonseca fue la primera víctima de fuerzas militares. Su familia tiene miedo y este fue el mensaje que posteriormente se convirtió en una realidad para 37 personas que fueron asesinadas en diferentes puntos del país, según un informe de la Coalición contra el Continuismo.

He visto muchísima violencia, armas y ningún respeto por la vida humana como respuesta del Gobierno. Colonias y barrios repletos de policía en sus diferentes modalidades y militares fuertemente equipados, como sólo en películas lo había visto. He sentido mucha indignación, miedo e impotencia, al escuchar palabras de Policías que dicen ‘identifiquen al blanco y disparen’ en una de las colonias que más ha resistido en Tegucigalpa, escuchar los disparos a bala viva y sentir los gases lacrimógenos como nunca antes los había tenido que soportar. Las mujeres son protagonistas, a pesar de los múltiples roles sociales que todas sabemos deben cumplir en sus hogares y empleos, con muchas razones para luchar porque quieren dejar un mejor país para sus hijos e hijas, porque no van a soportar cuatro años más con ese hombre, porque ellas votaron y no respetaron su voto, porque con cuatro años más bajo su gobierno se morirán de hambre”, cuenta Katherine Cruz, quien forma parte de la Red de Defensoras y que ha acompañado de día y de noche las protestas post electorales contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Hay mujeres que dicen que morirán luchando contra esta dictadura, otras que piden a los policías y militares que cesen la represión, que son del mismo pueblo. Katherine ha escuchado de todo en este tiempo y asegura que así se reafirma su compromiso como defensora.

El espejo de las mujeres de 1944, las que quisieron enterrar en el olvido, está ahora porque las mismas causas de la pobreza, de la violencia sexual, de la discriminación por género siguen latentes y se ensañan en las dictaduras. Bien lo dice la poeta Juana Pavón en su poema Nosotras esos sujetos que “Honduras tiene nombre de mujer”.